De allí, la lucha se trasladó a la corte provincial. En la primera instancia, el juez falló a favor de la empresa, afirmando que no existían pueblos originarios en la zona. Sin embargo, el descubrimiento de que el juez había sido sobornado llevo a que esta decisión fuera anulada. En la segunda instancia se le otorgó una protección parcial para el río. Sin embargo, el fallo del juez dejó vacíos legales abiertos para que la empresa pueda retomar el proyecto si logra obtener el consentimiento del pueblo.